Este post es la traducción libre de ESTE artículo de Julie Bindel en The Guardian.


Si preguntamos “¿Qué deberíamos hacer con la prostitución?”, en cualquier parte del mundo, cada vez es más probable que nos respondan: “Legalizarla”. Este punto de vista se basa en la creencia de que siempre habrá hombres que paguen por sexo y mujeres dispuestas a venderlo. De acuerdo con este argumento, el descriminalizar todos los aspectos de la prostitución -incluyendo los burdeles y la venta de sexo- hará que la vida de las mujeres prostituidas sea más segura, y facilitará la erradicación del abuso.

Aquellos que están a favor de la descriminalización, incluyendo muchos liberales y algunas feministas, consideran que la prostitución es un trabajo, y defienden que las “trabajadoras sexuales” pueden ser protegidas por sindicatos así como por la imposición de medidas de seguridad y salud. Descriminalizar la venta de sexo -de tal manera que los clientes sean los que estén incumpliendo la ley- significaría que las prostitutas no serían penalizadas. Pero esta gente asegura que, incluso si sólo fuera un crimen la compra de sexo, las mujeres prostituidas se verían forzadas asumir riesgos.

En los últimos años este argumento ha conseguido abrirse paso a gran velocidad. En el año 2000, Holanda formalizó lo que ya llevaba algunos años siendo aceptable, y eliminó la prohibición de los burdeles, legalizando de facto el comercio sexual. Tres años después, el gobierno de Nueva Zelanda aprobó, por un voto, la reforma de su ley sobre la prostitución, descriminalizando la prostitución callejera y los burdeles.

La postura opuesta, la abolicionista -preferida por feministas entre las que me incluyo, y por todas las supervivientes del comercio sexual a las que he entrevistado- defiende que la prostitución es inherentemente abusiva, y una causa y consecuencia de la situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. No hay manera de volverla segura, y erradicarla tiene que ser una posibilidad. Las abolicionistas rechazamos el eufemismo “trabajadora sexual”, y entendemos la prostitución como una forma de violencia en un mundo neoliberal en el que la carne humana se ha terminado convirtiendo en un producto, como si fuera una hamburguesa.

Las abolicionistas consideramos que la prostitución no tiene nada que ver con el sexo o con la identidad sexual, sino que es un intercambio que explota a una de las partes y que está enraizado en el poder masculino. Creemos que la solución progresista para el comercio sexual es asistir a las mujeres y ayudarlas a salir, y criminalizar a aquellos que impulsan la demanda. En Suecia, donde la ley que criminaliza la demanda y descriminaliza la venta de sexo está vigente desde 1999, ha habido un cambio abismal en la actitud de los ciudadanos, consiguiendo que un 80% apoyen la postura del gobierno.

En mi investigación sobre las campañas por la legalización o la descriminalización de la prostitución en Holanda, Irlanda y Reino Unido, he descubierto que los jefazos de la industria sexual juegan un papel muy influyente en dichas campañas, las que muchas veces financian; y que los grupos que dicen representar a las “trabajadoras sexuales” representan a los proxenetas tanto o más que a las mujeres que se ganan la vida vendiendo sexo.

Si la prostitución se considera un trabajo, es razonable pensar que las trabajadoras necesitan tener sus derechos. El problema es que el término “trabajo sexual”, acuñado en 1980 y cada vez más empleado por policía, personal sanitario y medios de comunicación, incluye a los pornógrafos, las strippers y los proxenetas, además de a aquellas que venden sexo directamente.

En Nevada, donde los burdeles son legales, entrevisté al dueño de uno de ellos, que estaba explotando a una mujer muy joven con severas dificultades de aprendizaje, que había sido vendida al burdel por el padre de su novio. El hecho de que el burdel en el que esta joven era vendida fuera legal y visto como un negocio -como cualquier hotel o restaurante- fue lo que permitió que su proxeneta pudiera alegar que estaba haciéndole un favor a su empleada, dándole trabajo.

En Reino Unido, el argumento a favor de la descriminalización ha ganado adeptos en los sindicatos. El GMB (sindicato británico) montó su propia rama de “entretenimiento para adultos” en 2002, desde la que se organizan charlas en conferencias de partidos políticos, en el Royal College of Nursing (sindicato de enfermería) y en el Women’s Institute (Instituto de la Mujer).

En 2010, después de observar la creciente influencia del International Union of Sex Workers (Sindicato Internacional de Trabajadoras Sexuales), decidí investigar sobre sus antecedentes y sus miembros. Lanzado en Londres en el año 2000, el sindicato se auto describe como un “movimiento político comunitario” que lucha por los derechos de todas las personas que trabajan en el negocio del sexo. Sin embargo, descubrí que su modesta membresía está formada por académicos estudiosos del comercio sexual, puteros, y alguna que otra persona que ofrece servicios especiales -poco o nada representativo del mercado sexual Británico.

Uno de sus miembros y su portavoz, era Douglas Fox, también activo, en el pasado, en el partido conservador y en Amnistía UK, y co-propietario de una importante agencia de escorts (“acompañantes”). Fox propuso una moción por la completa descriminalización del comercio sexual en la reunión anual de Amnistía internacional en 2008. Siete años después, se convirtió en política de Amnistía.

Y en casi todas partes vemos que se repite este mismo patrón. Casi inmediatamente después de que surgiera en Irlanda un movimiento-paraguas cuyo objetivo era criminalizar la compra de sexo –Turn Off the Red Light (apaga la luz roja)- apareció una contra-campaña llamada Turn Off the Blue Light (apaga la luz azul). Resulta que un proxeneta condenado, Peter McCormick, era el que la financiaba.

Otro de los activistas es John Davies, que actualmente está cumpliendo una condena de 12 años en prisión por donaciones fraudulentas. Antes de ser condenado por estafar más de £5.5 millones de los impuestos de los ciudadanos británicos, Davies dio la vuelta al mundo dando conferencias, defendiendo que la trata es un mito creado por las feministas, y que la descriminalización es la única salida.

Una muestra de lo que sucede cuando el argumento de la legalización gana, la encontramos en Holanda, durante la última década. Sólo tres años después de que la ley se cambiara, el gobierno empezó a cerrar las zonas de prostitución callejera y a restringir el número de licencias para burdeles-escaparate.
En 2004, entrevisté a la líder del sindicato financiado por el gobierno, Red Thread (hilo rojo). Me contó que sólo tenía 100 miembros y la mayoría eran “bailarinas eróticas” que no tenían nada que ver con la prostitución.

Karina Schaapman, concejal en Ámsterdam y superviviente del comercio sexual, dijo en 2005 que la legislación se basó en la noción de que las mujeres elegían activamente el ser prostitutas. “Pero esa imagen es incorrecta”, añadió. “Dos tercios de las prostitutas son extranjeras, la mayoría en una situación irregular, y nadie las registra“. El ex-alcalde de Ámsterdam, Job Cohen, dijo que la legislación no había conseguido erradicar el crimen organizado en el mercado del sexo, y que esperaba poder “revertir parcialmente” la ley.

Mientras tanto, en Nueva Zelanda, los vínculos entre el crimen organizado, la violencia y la prostitución no se han vuelto más severos. Hay diferentes opiniones con respecto a si la descriminalización ha mejorado o empeorado la situación. Un informe publicado 5 años después de la descriminalización, aseguraba que había tenido poco impacto en la cifra de personas que trabajaban en el negocio del sexo, pero que se había ofrecido cierta salvaguarda a las niñas.

Pero el testimonio personal de las mujeres que han sido prostituidas aporta pruebas de que los proxenetas, los puteros y los dueños de los burdeles se han beneficiado mucho más que las mujeres.

La buena noticia es que los proxenetas no siempre ganan. En Irlanda del Norte, en 2015, se adoptaron  nuevas leyes que criminalizan la compra de sexo y descriminalizan la venta, y este año se ha hecho lo mismo en la República de Irlanda. Laura Lee, activista por los “derechos de las trabajadoras sexuales”, está liderando el recurso formal a la ley de Irlanda del Norte, y entre los que la apoyan se encuentra el famoso proxeneta Peter McCormick.

Espero que Lee pierda. Entiendo perfectamente que haya gente que apoye la descriminalización cuando oye que con ella se consigue una mayor protección de las prostitutas. Pero casi nadie, y mucho menos las abolicionistas, está pidiendo que se trate como criminales a las personas que venden sexo. Nuestro argumento es que los que definitivamente deberían ser tratados como criminales son los proxenetas y los puteros.

De lo que no se dan cuenta aquellos que están en contra de esto es que la descriminalización, en la manera que se concibe y que se ejecuta, implica dar vía libre a proxenetas, puteros y dueños de burdeles. Y este no es el camino a seguir, a no ser que queramos ponérselo todavía más fácil a los hombres que dirigen el mercado sexual global, para que sigan lucrándose de la explotación de los cuerpos de las mujeres.

Anuncios